Salvador Flores Durán
Oaxaca.- Activistas antieólicos del Istmo de Tehuantepec denunciaron que con el proyecto “Gunaa Sicarú”, un parque eólico de 252 Megawatts que la empresa Eólica de Oaxaca pretende construir en Juchitán de Zaragoza, se pretende privatizar ilegalmente tierras que pertenecen a Bienes Comunales de Juchitán.
En un documento de la organización Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio (APOYO), indicó que no se consultó a las comunidades que “serán gravemente afectadas” por este proyecto.
La Secretaría de Energía presentó hace unos días la lista definitiva de ganadores de la Segunda Subasta de Largo Plazo para proyectos de generación de energía, y entre ellos se encuentra el proyecto “Gunaa Sicarú”.
APOYO acusa que las tierras donde se pretende construir el parque eólico de 252 Megawatts se han privatizado de manera ilegal y que las mismas pertenecen a Bienes Comunales de Juchitán.
El documento firmado por Bettina Cruz Velázquez, representante de APOYO, señala que el gobierno mexicano “otorga un contrato para un megaproyecto eólico contradiciendo las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos y Empresas de la ONU”.
Acusa que “el gobierno dispone de nuestro territorio para beneficio de empresas privadas, incluyendo industrias sumamente contaminantes, sin importarle los impactos destructivos en nuestros pueblos y cultura”.
Añade que estas consecuencias “están claramente reflejadas en el informe del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) adoptado por el Directorio Ejecutivo del BID el 14 de septiembre de 20163, que concluye: consideramos que efectivamente las comunidades indígenas del Istmo enfrentan el riesgo de pérdida de identidad y costumbres. Esto se refiere en particular a la pérdida del principio de gobernanza comunitaria y bien común a favor de esquemas de decisión y desarrollo centrados en el individuo”.
Señala que el informe del BID atribuye directamente este grave impacto social “al intenso y rápido desarrollo eólico en la región del Istmo. También reconoce que estos proyectos ocasionan serios conflictos que ponen en riesgo la vida y seguridad de quienes defendemos los territorios, valores y derechos comunitarios”.
APOYO señala que “estamos a favor de la generación de energía basada en fuentes renovables siempre y cuando esté en manos de las comunidades. Se debe eliminar lo más rápido posible la emisión de gases de efecto invernadero, pues somos las comunidades indígenas, campesinas y pescadoras quienes más sufrimos las nefastas consecuencias del cambio climático, sin tener responsabilidad alguna en la generación del problema”.
Indican que están en completo desacuerdo con la forma en que el gobierno mexicano y las empresas privadas imponen megaproyectos “autoritarios y violentos”.
Señalan que para que la transición energética sea “socialmente viable, las comunidades indígenas debemos estar en el centro del proceso, por lo que la legislación debe facilitar la construcción de proyectos comunitarios de energía renovable que generen un verdadero desarrollo social y mantengan el territorio y nuestros bienes naturales bajo nuestro control”.
Aseguran que “no queremos dádivas de proyectos privatizadores, sino que se democratice la transición a las energías renovables”, por ello exhortaron a las autoridades a que asuman “el reto de democratizar el sector energético”.