*Formato, un problema; pero lo es más la ilegitimidad para evaluar
Adrián Ortiz Romero Cuevas
Oaxaca.- No sorprende que el gobernador Gabino Cué Monteagudo haya decidido no acudir al Congreso del Estado, a entregar personalmente su informe anual de gobierno y a dar un mensaje en la tribuna legislativa. En sentido estricto, la Constitución local no lo obliga a asistir. Y si en los cuatro primeros años de su gestión el Gobernador acudió por vocación democrática, hoy el desastre y la anarquía legislativa explican la decisión del Mandatario de cumplir con la Constitución en su sentido más simple, pero sin acudir físicamente a la apertura de sesiones del tercer año de trabajo de la LXII Legislatura.

En efecto, conforme se acerca el arranque del tercer año legislativo del Congreso local, se han ido conociendo los pormenores del informe de gobierno. En los cuatro años de Gabino Cué como gobernador, hubo la disposición no sólo a cumplir con la entrega del informe que señala la Constitución, sino también de acudir a la sede del Congreso para hacer la entrega física del mismo, y a emitir un mensaje de la tribuna legislativa como un símbolo republicano de la convivencia respetuosa entre poderes. De hecho, acudir al Congreso fue uno de los actos con los que Gabino Cué intentó diferenciarse de su antecesor, que nunca se preocupó por cumplir con este tipo de formalidades, ni de cuidar las formas que aparentaran una relación civilizada entre poderes.

Hoy todo eso se acabó. Los preparativos entre el gobierno y el Congreso para el acto de entrega del informe, revelaron que en esta ocasión el Gobernador no acudirá a la sede del Congreso, y que será el secretario General de Gobierno, Alfonso Gómez Sandoval Hernández, quien acudirá en representación del Poder Ejecutivo a cumplir con el acto constitucional de la entrega del informe por escrito, que establece el artículo 43 de la Constitución del Estado.

Esta decisión de que por primera vez en su mandato el Gobernador no acuda a la entrega del Informe, se explica, en su sentido político, en el desastre que ha sido el Congreso en los últimos meses, y en su notable incapacidad de aportar elementos a la solución de los muchos problemas que presenta la entidad. Como tal, el Congreso ha sido productor de las más importantes pifias que han puesto a Oaxaca en una situación de incertidumbre en aspectos como la estabilidad de las normas y los procesos político electorales que se avecinan.

Asimismo, los diputados han sido además protagonistas de los más absurdos y vergonzantes escándalos relacionados con la opacidad y la discrecionalidad con la que conducen su labor y administran sus recursos, lo cual incluso ha provocado que, en varias ocasiones y de forma pública, los diputados le hayan exigido cuentas a sus órganos de dirección, y hasta a sus subordinados por (según) desconocer cómo se ejerce el presupuesto legislativo. Lo más grave es que su producción legislativa es escasísima, y las únicas normas que pudieron consensar, y que eran muy importantes para la gobernabilidad y la certidumbre en la entidad, les fueron declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A todo esto, hay que agregar el hecho de que la LXII Legislatura no ha tenido la voluntad y la capacidad política de aprobar una ley educativa que, al margen de su contenido, al menos saque a Oaxaca del estado de omisión legislativa en que se encuentra, y conjure la posibilidad de que la Suprema Corte les aplique medidas coactivas, a los diputados y al Gobernador, por no cumplir con el mandato constitucional, y con el fallo respectivo, que los obliga a emitir la armonización de las leyes educativas, a más tardar en el mes de marzo de 2016.

OTRA OMISIÓN LEGISLATIVA

Sobre el informe del Ejecutivo, dice el artículo 43 de la Constitución local: “El quince de noviembre, a las once horas, en sesión solemne, se declarará abierto el primer periodo de sesiones por parte del Presidente de la Legislatura. En la misma sesión, el Gobernador del Estado presentará un informe por escrito sobre el estado que guarda la Administración Pública del Estado…”.

Como puede verse, la Constitución establece el deber de la entrega del informe, pero ni establece que esto deba hacerlo el Ejecutivo personalmente, ni que deba hacer alguna manifestación verbal ante la entrega. De hecho, el formato del informe fue uno de los temas discutidos en los años anteriores, pero éste era un diálogo (y hasta negociación) que ocurría entre el Ejecutivo y los integrantes de la Legislatura, para cumplir con el protocolo que establece la Constitución, pero también para que el Informe de Gobierno sirviera también como una demostración republicana del diálogo y la convivencia entre poderes, y como un acto significativo de rendición de cuentas.

En los años anteriores, si hubo alguna discusión provechosa sobre sobre el tema, se supone que era para mejorar el formato y que éste sirviera para algo más que ser el “día del Gobernador”. En algún momento, algunos diputados propusieron que, en el acto de la entrega del informe, y en el mensaje que emitiera el Gobernador, hubiera un diálogo con los legisladores, o que se establecieran condiciones para que el informe pasara de ser un monólogo a un acto más real de rendición de cuentas.

Lo trágico es que ahora esta situación retrocede. La actual Legislatura no tendrá forma de componer las pifias por las que se canceló dicho acto, y el Gobernador deberá entregar su último informe de gestión ante una Legislatura distinta a la actual, con una conformación que se definirá en los comicios de junio próximo. A menos que el o los partidos del Gobernador tengan una mayoría holgada, y el proceso electoral no arroje un resultado polarizado, Gabino Cué tampoco irá personalmente al acto de entrega de su sexto informe de gobierno. Este es un retroceso provocado por la anarquía de la LXII Legislatura, y por su incapacidad de ser parte de la solución —es, de hecho, origen o parte de muchos de sus problemas— a algunos de los muchos problemas que tiene Oaxaca.

TIERRA DE NADIE

Como ya es costumbre, nadie en el Congreso cargará con la responsabilidad de este significativo paso en reversa que significa la disminución del acto del informe. Por eso, ni Jesús López Rodríguez, ni los demás integrantes de la Junta de Coordinación Política, tienen la menor intención de dar la cara ante esto.