En el contexto de la tercera fase de la pandemia por COVID-19, en la que se espera el mayor número de contagios y defunciones, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), hace un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales a racionalizar los esfuerzos institucionales contra el virus SARS-COV-2.
En este sentido, para la DDHPO es fundamental que las estrategias adoptadas por las diversas autoridades para atender la contingencia respeten los derechos humanos, pues si bien se reconoce que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite la limitación o derogación de algunos derechos para fines legítimos, entre ellos proteger la salud pública, estas restricciones deben hacerse como el último recurso, además de que existen límites estrictos sobre cuándo, cómo y en qué medida los derechos pueden estar limitados.
En este sentido, cualquier limitación a derechos humanos debe estar justificada por un fin legítimo y debe ser proporcional, necesaria, efectiva y basada en evidencia científica, aplicada de manera temporal, no ser arbitraria, discriminatoria y estar jurídicamente sustentada, pero además, se requieren acciones para aliviar las consecuencias de tales restricciones.
Al respecto, el defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla apunta que en situaciones de emergencias como la que actualmente vivimos, se deben realizar actos de racionalización de todas las actuaciones de la administración pública, evitando con ello posibles violaciones a derechos humanos.
Y apunta que si bien es cierto que los Estados tienen la obligación de respetar y promover el derecho a la salud, también lo es que, en nombre de esa protección no se deben vulnerar otros derechos, lo que significa alcanzar una armonización.
Así, indica, es un deber de la administración pública federal, estatal y municipal generar equilibrios constantes entre el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, a la preservación del trabajo, al tránsito, a la igualdad y a la intimidad de las personas, teniendo cuidado de no permear ese difícil equilibrio con medidas e intereses contrarios al bien común.
Se trata, explica, de armonizar el ‘bien’ que se obtiene y el que se sacrifica. Los distintos niveles de gobierno deben ser cuidadosos de no sobrevalorar lo que se obtiene y no minimizar lo que se sacrifica, generando la idea de que se salvan a las personas de un “mal absoluto” a costa de un “sacrificio menor”.
“La propia Organización Mundial de la Salud ha señalado que todos los países deben encontrar un delicado equilibrio entre la ‎protección de la salud, la prevención de los trastornos sociales y ‎económicos, y el respeto de los derechos humanos”, resalta.
Por ello, afirma, es importante evitar y sancionar cualquier exceso, pues existe el riesgo de que en nombre de una causa legítima se utilice esta como pretexto para disciplinar, vigilar, reprimir o entrometerse en la vida privada de las personas.
De igual forma, sostiene, es importante que los diferentes niveles de gobierno eviten al máximo el uso de sanciones para imponer acciones de política pública en relación a la pandemia, pues según evidencia científica social, estas situaciones pueden conducir a abusos significativos de los derechos humanos, con efectos desproporcionados en las personas o colectividades. Las prohibiciones totales obligatorias rara vez son efectivas o necesarias.
Además de que dichas acciones pueden romper la confianza entre el gobierno y la ciudadanía y eliminar el sentimiento de autoafirmación que las personas y las colectividades necesitan para cuidarse a sí mismos y a los demás, advierte.
Rodríguez Alamilla resalta que el empoderamiento, la información y la orientación que se les brinde a las personas y colectividades para saber qué hacer en determinada circunstancia de la pandemia, dará una respuesta más efectiva, humana y sostenible.
Sin embargo, reconoce, aun cuando todos los gobiernos tomasen medidas eficientes, si las personas en lo individual no cumplen también con su cuota de responsabilidad difícilmente se obtendrán resultados favorables para hacer frente a la pandemia.
A nivel individual, reitera, nuestras responsabilidades frente a la crisis por COVID-19 incluyen que, aquellas personas que pueden quedarse en casa, lo hagan, por quienes tienen que salir a trabajar para conseguir su sustento diario, lavarnos las manos, cubrirnos la boca y la nariz al toser o estornudar, usar cubre bocas o mascarillas, pero también estar informados y no entrar en pánico, evitando con ello acciones arbitrarias o incluso actos de discriminación en contra de otras personas.
En este sentido, apunta, la propia Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce que cada uno de nosotros tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella podemos desarrollar libre y plenamente nuestra personalidad, incluso en su preámbulo convoca a todos las personas a promover los derechos, pues subyace la idea de que la realización plena de la Declaración sólo será posible mediante un esfuerzo colectivo.
Así pues, la responsabilidad de actuar razonablemente frente a esta pandemia es una obligación básica para los diferentes niveles de gobierno, pero no sólo de ellos, también existe para los demás poderes públicos, órganos autónomos, medios de comunicación, universidades, sindicatos, cámaras empresariales, organizaciones sociales y hasta para las personas en lo individual, indica.
El ombudsperson señala que ante la situación inédita en la época reciente de nuestra humanidad, que ha implicado la realización de esfuerzos extraordinarios para combatir la pandemia, se ha evidenciado las profundas desigualdades que afectan a nuestras sociedades y que han puesto a prueba los modos y sistemas de vivir tal y como los conocemos.
Pero también, resalta, es una coyuntura histórica que nos brinda la oportunidad de construir una sociedad más justa, solidaria y sustentable. Un momento crucial para replantearnos las maneras en cómo nos relacionamos, no sólo en el plano individual sino también en el colectivo. Una ocasión para buscar respuestas a los retos económicos, sociales y políticos que como país, estado o municipio necesitamos trascender o incluso, transformar.
“Las decisiones que los gobiernos tomen ahora para afrontar la pandemia determinarán cómo será el mundo en el futuro inmediato, por ello es fundamental poner a los derechos humanos en el centro de cada una de esas decisiones. Así de grande es el desafío, así de grande tiene que ser la respuesta”, resalta.
Así pues, a la par de hacer efectivas las recomendaciones hechas por las autoridades sanitarias para prevenir, atender y contener el COVID-19, una de nuestras mayores responsabilidades es descubrir cómo convertir esta crisis en un paso que nos aproxime a un desarrollo global, sostenible, igualitario e integral en lugar de en un paso que nos aleje de él, concluye.