Ante la prevalencia e incremento de enfermedades mentales y adicciones, así como la ausencia de presupuestos públicos y en general, la falta de una política pública en esta materia, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), llamó al Estado mexicano a tomar esta problemática como una acción prioritaria en la agenda pública.

Y es que, tan solo en Oaxaca en 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) documentó 214 casos de suicidio, lo que representa un 28 por ciento más que el año anterior (2019) cuando se registraron 166.

Lo anterior es apenas el síntoma más visible de los trastornos mentales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) conceptualiza la salud mental como el bienestar personal, independencia, competencia, dependencia intergeneracional y aceptación de la capacidad de crecimiento y realización a nivel emocional e intelectual de las personas.

Este mismo organismo internacional detalla que 17 por ciento de las personas en México presenta al menos un trastorno mental y una de cada cuatro lo padecerá como mínimo una vez en su vida. Actualmente, de las personas afectadas, sólo una de cada cinco recibe tratamiento.

Mientras que, un informe de la facultad de Psicología de la UNAM indica que en México hay alrededor de 4,500 psiquiatras para atender a toda la población del país, de los cuales, el 56 por ciento están concentrados en la Ciudad de México.

Oaxaca, por su parte, solo cuenta con un hospital psiquiátrico (que el próximo 2023 cumplirá 60 años) para atender a 600 mil personas que los Servicios de Salud de la entidad estiman, presentan algún tipo de trastorno de carácter mental y solo el 2.5 por ciento tiene acceso a la atención médica.

Frente a la dimensión de la problemática, el presupuesto anual que destina el Estado mexicano a la atención de la salud mental es de un dos por ciento anual. Mientras que existen escasos proyectos de investigación en la materia.

Todo lo anterior da cuenta de la ausencia de un enfoque que coloque a la salud mental en sus justas dimensiones y permita establecer estrategias de prevención y atención para las personas que presentan algún trastorno o bien, hacen frente a las adicciones.

Si bien la última reforma a la Ley General de Salud en materia de Salud Mental realizada por el Congreso federal en mayo de este año –luego de 38 años de no haber efectuado ninguna modificación—es un primer paso, resulta fundamental resolver la responsabilidad del Estado y las instituciones frente a las personas y sus familias para atender los casos desde una perspectiva de derechos humanos.