Salvador Flores Durán
Oaxaca.- El Visitador General de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Juan Rodríguez Ramos, afirmó que el Fiscal General del Estado, Joaquín Carrillo Ruiz, y el titular de la Secretaría de Seguridad Publica, Jorge Alberto Ruiz Martínez, pueden tener responsabilidad, por omisión, en los más de 500 crímenes de mujeres, y homicidios de niños ocurridos en Oaxaca.
Señaló que desde el año 2013, el organismo emitió una alerta temprana advirtiendo al gobierno del estado por los asesinatos de oaxaqueñas, y se advirtió que esta situación podía convertirse en un grave problema.
En entrevista, dijo que sobre los crímenes de dos niños, uno ocurrido en Pinotepa Nacional, donde un menor fue asesinado a balazos, junto con su padre en las cercanías de la tienda Coppel de esa ciudad, y en el de un niño al que le asestaron un balazo en la cabeza, en Pinotepa de Don Luis, han abierto dos cuadernos de antecedentes y pidieron a las autoridades que les den la información sobre la práctica de diligencias que hayan realizado por estos homicidios, para que la DDHPO pueda dar seguimiento a estos casos.
Pinotepa Nacional hace unos meses fue asesinado un niño cuando ejecutaron a su papá a un lado de la tienda Coppel
Rodríguez Ramos dijo que en el caso de la maestra triqui, quien fue asesinada de 10 balazos y el tiro de gracia, y cuyo cuerpo se encontró flotando en las aguas del Río Copalita, se inició un cuaderno de antecedentes y ayer se comunicaron con familiares de la maestra, por lo que están a la espera de que comparezca ante la Defensoría para que den su testimonio y formalizar otro tipo de procedimiento.
Señaló que la Defensoría está tomando en su conjunto los crímenes de mujeres y a través de la Defensoría Especializada en Cuestiones de Género y Mujeres, estamos dando seguimiento a estos casos y preparan un documento para emitir y fijar la postura de la Defensoría en torno a estos hechos.
Recalcó que en 2013 emitieron una alerta temprana “donde nosotros advertíamos al estado, con anticipación, que este problema podría generalizarse y que era necesario que se atendiera. Desde ese año se les advirtió que esto podría generar un problema mayor, como lamentablemente lo estamos viviendo ahora”.
Dijo que hay un seguimiento a la alerta emitida, pero el “seguimiento en sí no ha justificado políticas públicas que realmente garanticen a la mujer el derecho a una vida libre de violencia, y que pudiera reducirse o erradicarse esta violencia en contra de la mujer” en Oaxaca.
Rodríguez Ramos enfatizó que si las acciones de Carrillo Ruiz y Ruiz Martínez son consideradas como una omisión, “desde luego que podría tratarse de una responsabilidad, y en materia de derechos humanos nosotros queremos investigar si estas omisiones constituyen violaciones a derechos humanos”.
Dijo que “muchos de entrada dirán que si son violaciones a los derechos humanos, pero la Defensoría hasta que emita su pronunciamiento, ahorita hablamos de la probable violación a derechos humanos, por la inseguridad por la en que pueden estar estos grupos de mujeres y de niños”.