Oaxaca.- El ex coordinador de Comunicación Social en el sexenio del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz, Raúl Castellanos Hernández, inició su defensa mediática tras considerar que durante más de 5 años ha sido “perseguido político” del gobierno estatal.
A través de un video difundido en la página de Internet https://www.youtube.com/watch?v=rJZoLu95lvg&feature=youtu.be, señaló que desde el 2011 ha sido “objeto de una ilegal, inmoral y cobarde persecución política por parte del gobierno de Gabino Cué”.
En el video señala que se encuentra en estado de indefensión y, por ello, acudirá al Consejo de la Judicatura y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que conozcan de su proceso y, en su caso, procedan a la revisión que demanda en defensa de sus derechos fundamentales.
Advirtió que su defensa también la hará valer ante los organismos nacionales e internacionales en la materia.
“La persecución política de que soy objeto es ilegal, inmoral y cobarde. Nada que ver con un gobierno que se ostenta como demócrata y de izquierda. Por ahora, tienen la fuerza, podrán avasallarme; seguir abusando de los poderes fácticos del Estado, efímeros por cierto, no sé si lo sepan. Los ilegales, los que manipulan leyes y jueces, compran conciencias pero no les asiste la razón ni política ni jurídica ni histórica”, apuntó.
Asimismo, dijo que se suma a la esperanza de los oaxaqueños de que pronto se restituya el Estado de Derecho en la entidad “y que prevalezca el respeto a los derechos humanos, sin que las filias y fobias de quienes ejercen el poder se traduzcan en persecuciones políticas como de la que soy objeto”.
En un largo video de 12 minutos y 43 segundos, el ex vocero de Ulises Ruiz da lectura a los alegatos que ha realizado su defensa en varios procesos que le han sido instruidos por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, así como la Fiscalía cuando se denominaba Procuraduría General de Justicia del Estado.
Señala que es adversario del gobierno en turno desde que disputó la gubernatura al grupo político actual y que por ello ha guardado prudente silencio, confiando en el Poder Judicial de la Federación.
“He evidenciado ante los tribunales violaciones a mis derechos fundamentales, derechos humanos, garantías individuales, derecho de audiencia, debido proceso, suplencia de la queja y principio de legalidad”, subraya.
Igualmente, refiere que desde el 2011 fue acusado de haber dispuesto de 492 millones de pesos y que el gobierno estatal llegó al absurdo de acusarlo de haber falsificado su propia firma.
Explica que como coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Oaxaca, en 1 año y 2 meses al frente del cargo, ejerció un presupuesto de 160 millones de pesos y que el 99 por ciento de esos recursos se ejercieron en pagos a empresas estatales y nacionales, vía transferencia electrónica.
Por lo tanto, dice que es inexplicable que se le acuse de haber dispuesto de estos recursos y más de 2 veces lo que le tocó administrar.
Y recuerda que su calvario inició el 11 de julio del 2011, cuando la ex contralora Perla Woolrich Fernández anunció con mediática estridencia la conclusión de 45 auditorías e instruyó al Director Jurídico de la Secretaría de la Contraloría para que citara a los investigados, sin embargo señaló que desde el 8 de junio anterior, la ex funcionaria panista y el titular de la Secretaría de Finanzas, así como el Consejero Jurídico, sin estar facultados para ello por ley y sin solventar requisitos de ley ni el menor respeto al Estado de Derecho, presentaron una querella en su contra, lo cual originó una ilegal orden de aprehensión.
“Jamás fui notificado de procedimiento alguno y jamás se me notificó a audiencia”, apuntó.
Reiteró que fue tal la magnitud del abuso del poder que la Procuraduría retiró la demanda, además de que en sentido estricto jurídico no podía ser imputado, pues el artículo 124 del Código Penal expone que debía ser antes de un año y habían pasado 1 año y 2 meses, con 18 días, de haber renunciado al cargo.
Refirió que fue así como el 22 de septiembre de 2012 se le dictó una nueva orden de aprehensión, misma que lo ha llevado amparo tras amparo, ante los Juzgados de Distrito, en busca de que se le haga justifica, por lo que ante tanta persecución política inicia su defensa mediática, además de acudir ante organismos nacionales e internacionales para que se defiendan sus derechos fundamentales.