*La Cofece considera que las medidas de esta ley son contrarias a la Constitución pues eliminan condiciones que permiten la dinámica de competencia en el mercado.

CDMX, mayo 11, 2021.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó a trámite la controversia constitucional que promovió la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) contra la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero negó la suspensión solicitada por el órgano regulador.

”Se admite a trámite la demanda, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que puedan advertirse de manera fehaciente al momento de dictar sentencia. Se niega la suspensión solicitada por la Comisión Federal de Competencia Económica”, indica la institución en una notificación publicada en los estrados electrónicos de la SCJN.

José Fernando Franco González Salas, ministro ponente, consideró inviable conceder la suspensión solicitada por el órgano autónomo contra el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica”, publicado el 9 de marzo de 2021 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La Cofece estimó que las medidas contenidas en dicho decreto son contrarias a la Constitución, ya que eliminan las condiciones necesarias para que exista una dinámica de competencia en el mercado eléctrico. Consideró que esta reforma genera una “perturbación” en las condiciones en la oferta de la electricidad y advirtió que causará daños al consumidor y a la economía en general.

Señaló que el decreto otorga ventajas indebidas en favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y anula la capacidad de competir de otros agentes en el eslabón de generación. La controversia de la Cofece se suma a la acción de inconstitucionalidad, ya también aceptada a trámite desde el 23 de abril pasado, promovida por senadores de oposición a Morena contra el citado decreto.

En tanto, aún falta que la SCJN determine si acepta o no a trámite la controversia constitucional interpuesta por el Gobierno del estado de Colima contra el mismo decreto.

Paralelamente, empresas privadas han combatido dicho decreto a través de más de 100 juicios de amparo, en la mayoría de los cuales el juez Juan Pablo Gómez Fierro ha concedido la suspensión definitiva con efectos generales. La decisión del juez es la que mantiene paralizada la aplicación del citado decreto.