Concha Moreno
SemMéxico.20 de mayo.- La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) señala que la problemática de la desaparición de miles de criaturas tendría que ser abordada en la sustentación del Informe del Estado mexicano ante el Comité de los Derechos del Niño, que hará los días 19 y 20 de mayo de 2015.
Según los datos extraídos por esta organización, obtenidos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública), en México hay 23.271 reportes de personas desaparecidas, de ellas 7016 niños, niñas y adolescentes (de 0 a 17 años), lo que representa un 30 % del total.
Los datos indican que de 2007 a 2014 desaparecieron 6998 criaturas menores de 18 años. Dentro de este grupo de población, si se estudian los datos disponibles para los adolescentes de 15 a 17 años, se puede observar que existen 2621 desaparecidos de los que 1712 son mujeres. Esto quiere decir que 7 de cada 10 adolescentes de 15 a 17 años son del género femenino.
Frente a este contexto, opinan que es urgente desarrollar una estrategia con enfoque de derechos de infancia y perspectiva de género, ya que los datos indican que son las niñas y las adolescentes las más afectadas. Por ello, la investigación y las políticas públicas para prevenir y atender esta problemática deberán considerar a este grupo como una prioridad.
Los datos que presenta Redim se suman al señalamiento del Comité contra la Desaparición forzada de la ONU, que determinó que este tipo de desapariciones se han generalizado en el país, e instó al Gobierno a estudiar este fenómeno con relación a grupos vulnerables, así como a poner en marcha medidas para prevenir y resolver los casos pendientes.
Esta organización considera muy urgente tomar medidas y hacer una investigación exhaustiva con perspectiva de género en cada uno de los casos.
Además, solicita:
Incluir el enfoque derechos de la infancia en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Tortura.
Tipificar debidamente el delito de “desaparición forzada” en todas las entidades federativas, así como a nivel federal.
Contar con un registro nacional de personas desaparecidas, con información desagregada, y un marco normativo que le dé sustento.
Homologar la alerta Amber en todas las entidades federativas y generar mecanismos de evaluación sobre su efectividad.
Diseñar e implementar sistemas de búsqueda inmediata y programas de acompañamiento social que contemple las particularidades de cada caso.
Brindar apoyo humanitario (educación, transporte, salud, alimentación) a las familias de personas desaparecidas, con el objeto de que los menores afectados por este fenómeno no tengan que suplir el rol de su familiar desaparecido en el sustento del hogar.
