Oaxaca, 21 de abril.- Integrantes de la Comisión de la Verdad reiteraron que el exgobernador Ulises Ruiz Ortiz debe responder por las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la crisis política y social de los años 2006 y 2007, en tanto que revelaron que han recibido amenazas por buscar la verdad sobre estos sucesos en Oaxaca.
Marina Patricia Jiménez Ramírez, Diego Enrique Osorno González y Alejandro Solalinde Guerra, denunciaron que, de noviembre de 2014 a la fecha, recibieron una decena de “incidentes de inseguridad”, razón por la que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) les otorgó medidas cautelares.
Indicaron que insistirán para que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, quien fue secretario de Seguridad Pública federal en ese año, se presente a declarar y colabore con su investigación sobre los hechos violentos suscitados en Oaxaca durante los años 2006 y 2007.
Medina Mora fue responsable del operativo de la Policía Federal que desactivó el conflicto social, cuando la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), demandaban la renuncia de Ruiz Ortiz.
“Medina Mora tiene una especial responsabilidad en el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Oaxaca”, sin embargo, aclararon que no ha respondido a ese llamado.
Solalinde Guerra dijo que tienen la obligación de entrar en contacto con el exgobernador priista Ulises Ruiz “porque es el actor principal, y vamos a buscar una fecha para citarlo porque es una persona clave y está en nuestra agenda, mientras que Medina Mora no ha respondido”.
Solalinde dijo que “el cielo se está nublando y a Oaxaca han llegado esos nubarrones, esos presagios que prometen tormenta, por eso empezamos a recibir presiones”.
Dijo que no ha recibido amenazas “porque me hacen lo que el viento a Juárez, me pueden amenazar como quieran que no voy hacer caso, ya estoy curado de espanto”.
Señaló que la Comisión de la Verdad “hay un compromiso social y de inalterable rectitud, entonces, no hay manera de que ningún poder quisiera callarnos, comprarnos o detenernos, no veo cómo, aunque sí nos pueden meter zancadillas, infiltrarnos pero de que esta comisión se pare, no”.
Marina Patricia Jiménez Ramírez dijo que ya se han reunido con el representante del alto comisionado de la ONU, Javier Hernández Valencia, y con la CNDH, porque es fundamental recuperar la información y en qué terminaron esos procesos.
En cuanto a las amenazas, solicitaron medidas cautelares al ombudsman estatal, las cuales les fueron concedidas.
Diego Enrique Osorno dijo que hay registro de incidentes de inseguridad, algunas están documentadas y otras están en proceso.
“No queremos convertir a la comisión montada en un show mediático, pero si el riesgo aumentara se informará y se reforzara la seguridad”, destacó.