Apoyos a los agricultores distorsionan mercados, frenan innovación y dañan el medio ambiente: OCDE

*Las políticas gubernamentales de ayuda al sector supera los USD 500 mil millones al año

30/06/2020 – En la última edición de su informe anual Seguimiento y Evaluación de las Políticas Agrícolas, la OCDE señala que las políticas de apoyo ejecutadas en los 54 países analizados (todos los países de la OCDE y la UE, más 12 economías emergentes clave) proporcionaron subsidios directos a los agricultores con un valor promedio de USD 536 mil millones (EUR 469 mil millones) entre 2017 y 2019. De ese total, seis países de América Latina, incluyendo Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México contribuyeron en conjunto con poco más de USD 18 mil millones anuales.

Globalmente estas subvenciones a los granjeros provenían de políticas que mantenían los precios internos por encima de los niveles internacionales, lo que daña a los consumidores (en especial, a los más pobres), incrementa la diferencia de ingresos entre explotaciones pequeñas y grandes y limita la competitividad de la industria alimentaria en general. Aunque en términos relativos, el apoyo a los agricultores se mantiene en niveles bajos en América Latina, en la mayoría de los países de la región, con excepción de Brasil y Chile, gran parte de este apoyo tiende a distorsionar los mercados. Al mismo tiempo, seis de estos países, entre los que destaca Argentina,  impusieron gravámenes implícitos a sus agricultores por USD 89 mil millones (EUR 78 mil millones) anuales al bajar artificialmente los precios. Estas políticas agravaron aún más las distorsiones del mercado.

En cambio, la mayoría de los países dedican relativamente pocos recursos monetarios a respaldar el desempeño a largo plazo del sector agrícola: en los 54 países contemplados en el informe, el gasto en investigación y desarrollo, infraestructura, bioseguridad y otros servicios de apoyo ascendió a tan solo USD 106 mil millones al año. En los seis países de América Latina incluidos en el reporte, el gasto en estos rubros se mantuvo en niveles bajos, sumando USD 4 mil millones. Las subvenciones a los consumidores representan otros USD 66 mil millones anuales. Por lo tanto, el apoyo total al sector sumó USD 708 mil millones anuales, en forma de ayuda a productores (USD 536 mil millones), consumidores (USD 66 mil millones) y servicios de apoyo (USD 106 mil millones).

Pese al aumento de la productividad de los últimos decenios y no obstante algunas iniciativas recientes para mejorar el desempeño medioambiental del sector, el avance general de la reforma normativa se ha estancado. Los niveles de apoyo han experimentado pocos cambios durante los 10 últimos años y la transición hacia instrumentos que conllevan menos distorsiones para la producción y el comercio ha avanzado poco. Como consecuencia adicional, el desempeño medioambiental ha sido dispar. En particular, en la mayoría de los países han aumentado las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) procedentes de la agricultura.

El informe de la OCDE también proporciona información sobre las respuestas gubernamentales a la pandemia de COVID-19, que incluyen importantes medidas de rescate para ayudar a los consumidores, agricultores y otros agentes del sector agroalimentario y mantener la actividad de las cadenas de suministro de alimentos y de productos agrícolas. Aunque muchos países se centran en facilitar el comercio como parte de sus medidas para mantener las cadenas de suministro, algunos Estados han impuesto restricciones comerciales temporales que pueden debilitar el suministro tanto a corto como a más largo plazo. De acuerdo con el informe de la OCDE, de cara al futuro los países deberían iniciar inversiones más profundas para crear resiliencia a largo plazo en los sectores alimentario y agrícola.

“En todo el mundo, las políticas públicas aportan al menos 1 de cada 9 dólares de los ingresos agrícolas brutos. En algunos países, aportan 1 de cada 2 dólares,” afirmó Ken Ash, Director de Comercio y Agricultura de la OCDE. “Los gobiernos deben invertir en sistemas alimentarios que funcionen bien, pero actualmente la mayor parte del apoyo a la agricultura resulta inútil o incluso perjudicial. Ahora que los países tienen que trabajar con presupuestos sobrecargados debido a la COVID-19, es el momento de reducir el apoyo agrícola distorsionador y reconducir los esfuerzos y los limitados recursos a fin de obtener mejores resultados para la agricultura y la sociedad en su conjunto.”

Los gobiernos pueden adoptar diferentes medidas normativas para mejorar la productividad, sostenibilidad y resiliencia de su sector agrícola:

·       Eliminar progresivamente las políticas distorsionadoras, en especial el apoyo a los precios y el apoyo presupuestario, muy relacionados con la producción agrícola y el uso de insumos.

·       Reasignar los fondos a los servicios públicos más importantes del sector con miras a mejorar la productividad, la sostenibilidad y la resiliencia, o a ayudas específicas para la consecución de resultados en el ámbito del bien común, como la biodiversidad.

·       Centrarse en resultados medioambientales más ambiciosos mediante la ejecución de políticas menos distorsionadoras, más eficaces y más focalizadas.

El informe anual Seguimiento y Evaluación de las Políticas Agrícolas de la OCDE contiene cálculos actualizados del apoyo gubernamental a la agricultura en todos los miembros de la OCDE (con inclusión de Colombia, que ingresó en la Organización en abril de 2020) y en el conjunto de la Unión Europea, y también en algunas economías emergentes clave, a saber, Argentina, Brasil, Costa Rica, la Federación de Rusia, Filipinas, India, Indonesia, Kazajistán, la República Popular China, Sudáfrica, Ucrania y Vietnam.

El 16 de julio, la OCDE y la FAO publicarán la edición de 2020-2029 del informe OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas, que proporcionará una completa referencia a medio plazo para las proyecciones de los mercados de productos agrícolas en los planos nacional, regional y mundial, así como un primer panorama hipotético de los efectos de la COVID-19. Sobre esta base, el informe ofrecerá perspectivas y opciones normativas adicionales para contribuir al establecimiento de sistemas agroalimentarios mundiales más productivos, sostenibles y resilientes.

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